El delegado del Gobierno en Canarias, José Segura, explicó este jueves a la Agencia de Noticias EFE que el registro que la Guardia Civil efectuó ayer en el Ayuntamiento de Santa Brígida se debió a que el juez había solicitado documentos que no le habían sido remitidos. Segura, quien subrayó que la actuación se produjo por mandato judicial, agregó que el registro se deriva de las líneas de investigación abiertas por la Justicia tras la denuncia realizada por concejales de la corporación hace varios meses. Los guardias civiles entraron a cara descubierta y trabajaron durante varias horas en el interior del consistorio, pero a la salida había diversidad de cámaras de televisión y fotográficas y se vieron obligados a usar pasamontañas, explicó. El delegado agregó que no es "deseable" que sus rostros sean difundidos porque ello podría invalidar futuras actuaciones de estos agentes, muy especializados en esta materia, afirmó. Sobre las investigaciones abiertas por el juez, aseguró que, como delegado del Gobierno en Canarias, desconoce el caso.
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