La Ley de la Memoría Histórica obligará a los ayuntamientos a retirar los símbolos franquistas

El Gobierno de la nación está negociando con todos los grupos una última propuesta de la Ley de Memoria Histórica que daría un vuelco a la política sobre símbolos franquistas. La ley ya no se refiere sólo a los edificios de titularidad estatal, que deberían retirar cualquier símbolo, sino a todas "las administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias", esto es, incluye a los ayuntamientos y comunidades autónomas. Es mucho más precisa en la exigencia de retirar todos los símbolos y además compromete al Ejecutivo a realizar un inventario de todos los símbolos franquistas para su retirada.
Además, tiene una mención para que las instituciones privadas que se nieguen a retirarlos de manera injustificada (lo que podría incluir las placas de "Caídos por Dios y por España" en las iglesias) puedan dejar de recibir fondos públicos.
"Las Administraciones públicas, en el ejercicio de sus competencias, tomarán las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas a la exaltación de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura", dice el último borrador del texto.
Se abre, por lo tanto, la "caza" a los símbolos franquistas también en los ayuntamientos de las medianías, en los que "sobreviven" todavía algunos, aunque totalmente olvidados para la mayoría. En la pasada legislatura el consistorio de la Villa cambió las placas de algunas calles con nombres franquistas por otros que en algunos casos pretendían volver a su nombre original, si lo hubiera.